El juez imputa a cuatro ex consejeros socialistas más por ayudas irregulares en Andalucía

El juez José Ignacio Vilaplana ha decidido imputar a cuatro ex consejeros más de la Junta socialista de Andalucía, se trata de los ex consejeros de empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, y de innovación, Martín Soler y Antonio Ávila. Así, se han dictado cuatro nuevos autos en los que desestima los recursos de los socialistas y en los que se acuerda su inclusión como investigados en la causa correspondiente a las ayudas autonómicas a la sociedad Delphi Automotive Systems España.

Quedan menos de cinco días para las elecciones y el PSOE de Andalucía (PSOE-A) se ha llevado uno de los mayores reveses judiciales que se recuerdan. El juez José Ignacio Vilaplana ha confirmado su decisión de incluir como investigados a los citados ex consejeros socialistas, por la «presunta mecánica delictiva vinculada a las ayudas realizadas en favor de Delphi», cuya factoría de Puerto Real (Cádiz) fue cerrada por la multinacional allá por 2007, con un gran impacto sociolaboral para la provincia gaditana.

Tales ayudas, según precisa el juez instructor, «fueron financiadas con cargo a fondos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa» a través del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), «y no con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Consejería de Empleo», con la que fueron sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias directas y sin publicidad, aspectos estos últimos abarcados por la macro causa de los ERE.

Delitos diferentes

Se trata, según defiende el juez instructor, de «hechos delictivos distintos y diferenciados» a los hechos de la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que condenó a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía juzgados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el ex consejero Fernández, por el denominado como «procedimiento específico» mediante el cual eran canalizados los fondos de la partida presupuestaria 31L.

«No todas las ayudas objeto de las presentes actuaciones habrían sido acordadas y abonadas dentro del periodo de imputación y en ejecución del denominado ‘procedimiento específico’ por el correspondiente director general de Trabajo de la Consejería de Empleo», sostiene el juez instructor.

Ayudas

«En particular, no lo habrían sido las 57 ayudas por importe de 30.000 euros cada una, concedidas el 19 de marzo de 2010 por el titular de la Dirección General de Trabajo Juan Márquez, así como las cuatro ayudas por importe de 30.000 euros concedidas el 27 de octubre de 2010 por el sucesor del anterior, Daniel Alberto Rivera, ayudas que, en todo caso, habrían sido comprometidas y abonadas con cargo a créditos y fondos presupuestarios de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y que serían imputadas contablemente por la Agencia IDEA con cargo a fondos propios» de la misma, detalla el juez Vilaplana. En total, casi dos millones de euros.

En ese sentido, el juez instructor considera que «la financiación de estas ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, cargo a fondos propios de la Agencia IDEA, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, habría de obedecer a un acuerdo concertado y mantenido entre los distintos responsables de ambas consejerías; acuerdo manifiestamente irregular en cuanto un organismo como la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social no podría conceder ayudas ni emitir órdenes de pago con cargo a partidas presupuestarias que no le corresponden, sin un convenio ‘ad hoc’ que a tal efecto le habilitase a ello».